Los rectores y vicerrectores de las Universidades nacionales nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “sostenemos la plena constitucionalidad y legitimidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y reclamamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una resolución del conflicto sin más dilaciones”.

Así lo manifestaron en una declaración conjunta que fue suscripta el pasado 27 de septiembre, en el marco del 70º Plenario de Rectores del CIN, llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata.

El texto completo es el siguiente:

“El 28 de agosto de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, convocó a expertos Amigos del Tribunal (Amicus Curiae) a realizar aportes durante la realización de una audiencia pública informativa en la causa abierta sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Grupo Clarín SA y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro. Audiencia G. 439).

Tres Universidades nacionales y una Red de Carreras Universitarias en Comunicación Social y Periodismo se presentaron como Amigos del Tribunal y dos de ellos fueron convocados a realizar la exposición pública de su postura sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Tras la convocatoria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía debe definir acerca de la constitucionalidad de los artículos de la LSCA cuestionados por el grupo económico Clarín.

Por todo ello, los rectores y vicerrectores de las Universidades nacionales nucleadas en el CIN sostenemos la plena constitucionalidad y legitimidad de la Ley y reclamamos a la Corte Suprema de Justicia una resolución del conflicto sin más dilaciones.

Asimismo, respaldamos enfáticamente las presentaciones de Amicus Curiae realizadas ante la Corte Suprema por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM), la Universidad Nacional de Moreno y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina (REDCOM) adjuntas, que expresan una vez más el sostenido compromiso del ámbito académico con el proceso de democratización de la comunicación puesto en marcha en 2009.

Finalmente queremos resaltar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el resultado de un proceso de construcción de consensos, alimentado por un debate profundo, democrático y federal, en el cual tuvieron una participación activa organizaciones sociales y de derechos humanos, pueblos originarios, Universidades nacionales, sindicatos, cooperativas y medios comunitarios, todos sectores que apostamos a una concepción progresiva del derecho a la comunicación. En cambio, quienes cuestionan su constitucionalidad tienen como único objetivo fortalecer su posición económica dominante”.

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